Sierra Grande Noticias por Silvia Panomarenko

Jueces avalan acuerdo entre IPPV y Sierra Grande ante conflicto habitacional

Sierra Grande (ADN).- El acuerdo transaccional que lograron el 5 de abril pasado el IPPV y la Municipalidad de Sierra Grande para solucionar el estado de habilitabilidad de un sector del barrio 9 de Julio, fue homologado por el Superior Tribunal de Justicia, que también dejó sin efecto la imposición de astreintes (multa de 1.000 pesos por día) al interventor del organismo provincial, por el supuesto incumplimiento de disposiciones judiciales para un rápido trámite del caso.

Por esta situación, el abogado viedmense Pedro F. Casariego, apoderado de la Municipalidad de Sierra Grande, inició una acción de amparo colectivo contra el IPPV para lograr la defensa de los derechos de los habitantes de la escalera 25 del barrio 9 de Julio, del “Plan de 300 Viviendas Alborada VI”.

Además, Casariego requirió que se condene al IPPV a que en forma inmediata proceda a realizar todas las medidas necesarias para la reparación y estabilización de la escalera 25, previo desalojo de los departamentos, a fin de “evitar riesgos reales de seguridad para la habitabilidad del grupo de personas que allí viven”.

Según la presentación, en marzo de 2010 se presentó un reclamo ante el IPPV, originando el expediente N° 73858-DCA-2010 y resultando un informe de los ingenieros, en el que se detalla el compromiso estructural de la escalera debido a la falta de mantenimiento integral -y también- problemas de filtraciones, respecto a determinar si es necesaria la demolición o ejecución de una nueva escalera.

Se señaló que ninguno de los vecinos que habitan la escalera son propietarios dominiales y que el IPPV “ha omitido mantener y custodiar sus bienes”.

Después de un extenso detalle de los trámites oficiales, incluso reclamos por parte de Casariego por incumplimientos del IPPV, el juez Víctor Sodero Nievas aludió a la audiencia de conciliación efectuada el 5 de abril, convocada para destrabar el tema planteado y que dio lugar al reclamo del municipio de Sierra Grande ante el estado de la escalera 25, donde habitan 12 familias que por informes técnicos estarían en situación de inhabilitabilidad.

Finalmente, las partes acordaron que para atender las urgencias se gestionará ante los Ministerios de Hacienda y de Familia un fondo para atender los gastos que demande el proceso y que los trámites estarán a cargo del IPPV y Fiscalía de Estado, siendo responsable de su ejecución el municipio de Sierra Grande.

Por su parte, el IPPV puso de manifiesto en su oportunidad que si de los informes técnicos se determinara que el complejo habitacional debe ser demolido “se atendrá a ello o bien si las reparaciones tienen un costo que superan la construcción de un complejo de iguales características, también ha de ser demolido. El municipio presta conformidad a ello”, puntualiza la documentación oficial.

Cada juez del STJ expresó su opinión en el expediente y, en ese marco, Alberto Balladini remarcó que “en el caso, y luego de un denodado esfuerzo, se ha alcanzado un acuerdo que debe ser valorizado, restándole gravitación a aspectos formales que la conciliación ha dotado de abstractos”.

FUENTE: (ADN)