Sierra Grande Noticias por Silvia Panomarenko
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Legisladora Magdalena Odarda |
La Legisladora Provincial de la CC-ARI, Magdalena Odarda, presento hace tiempo el proyecto de ley 586/2012 que tiene como objetivo, retrotraer las medidas tomadas a partir de la ley de disponibilidad, a través de la reincorporación genérica de agentes de la administración pública, para todos aquellos casos en que los contratos se dejaron caer o se los cesó de facto, cuando no se pueda probar documentadamente que la cesación de un contrato no provino de un actuar caprichoso, arbitrario, silencioso e ilegal de los funcionarios públicos en todos los estamentos de la administración pública provincial.
El proyecto de Ley presentado por la Parlamentaria, tiene como objetivo restablecer a los empleados de las empresas públicas del Estado injustamente cesanteados. Las empresas del Estado son Aguas Rionegrinas SA (ARSA), Altec SE, Canal 10 Río Negro, Invap SE, Seguros Horizonte SA, Tren Patagónico SA.
Odarda expresó: “En varias de estas empresas se ha despedido personal sin una justificación veraz, y en algún caso, argumentando recortes en gastos que en pocos días resultaron falaces, pues se incorporó a más personal para ocupar las tareas que se venían realizando”..
Agregó: “También ha sido notoria la metodología discriminatoria hacia los empleados públicos que tenían una pertenencia partidaria contraria a la oficial. Por ejemplo, es el caso de los empleados de la Secretaría General de la Gobernación, nombrados en determinadas listas, y que fueron dejados cesantes por razones de pertenencia a un partido político determinado, lo cual pone en evidencia la arbitrariedad manifiesta y vulneración a una garantía fundamental, como es la del derecho de igualdad ante la ley”.
Como legisladores, tenemos la tarea desde nuestras bancas de exigir que se respeten estos derechos y se restablezca a la situación anterior a los empleados injustamente cesanteados”, expresó Odarda.
“Como ejemplo claro de la ilegitimidad de estos actos de despidos de trabajadores de empresas públicas, resulta el de los empleados del Canal 10 de RN que recibieron en su momento, telegramas de despidos en donde no se mencionaba causa o motivo alguno de la medida. Esta falta de formalidad y legitimidad, se repitió en otros despidos de trabajadores públicos, mientras en los pasillos de las empresas circulaban rumores de que “sobraba personal”, cuando por otro lado, se cubrían los puestos de quienes eran injustamente apartados de sus lugares.” Finalizó Odarda.
PRENSA BLOQUE PROGRESISTA CCARI
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