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Sierra Grande Noticias
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Viedma (ADN).- El abogado querellante en la causa de delitos de lesa humanidad por la detención ilegal y torturas a dos dirigentes gremiales de la UOCRA de Sierra Grande en 1976, pidió esta tarde en sus alegatos penas de entre 6 y 12 años de prisión para los siete imputados. Se aguardan los alegatos del fiscal y las defensas.
Esta tarde comenzaron los alegatos en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de General Roca por delitos de lesa humanidad – privación ilegitima de la libertada y tormentos - en Río Negro durante la última dictadura militar.
Las víctimas de esos delitos fueron Daniel Avalos y Carlos Lima, ex dirigentes del gremio de la construcción de Sierra Grande, quienes en 1975 fueron protagonistas de una prolongada huelga en las obras del complejo minero de Hipasam.
Roberto Gaviña, abogado querellante, se extendió durante una hora y media en sus alegatos y pidió penas de 6 a 10 años de prisión dependiendo los casos y la participación de los imputados.
El abogado comenzó su alegato describiendo el informe sobre los DDHH elaborado por el Gobierno de Río Negro al regreso a la democracia en el año 1984, donde también se describe el caso de Avalos y Lima.
En otro tramo describió los padecimientos de las víctimas en cuanto a la tortura que habrían sufrido, los simulacros de fusilamiento, la detención en calabozos o sótano con agua, entre otros sufrimientos.
Repasó las declaraciones de la esposa de Avalos, Mirta Opazo, de Eloisa Martínez, esposa de Lima y del hermano (Rodolfo) y de como esas familias debieron abandonar Sierra Grande.
Habló de las secuelas que le quedaron a las víctimas y de cómo los testimonios corroboran los hechos.
Posteriormente, advirtió que en el juicio aparecieron declaraciones oscuras y alejadas de la verdad y consideró que esos dichos estaban en el límite ser falsos. Entre los testimonios que criticó mencionó los de los policías De la Torre, Yunes y León.
Igual, después destacó que fue el testimonio de otros uniformados los que contradijeron a sus camaradas.
En cuanto a la declaración (escrita) de Miguel Saiz, que en esa época era abogado ad honorem del sindicato de la UOCRA , describió que concurría los días viernes a atender en una pequeña casa prefabricada.
El gobernador declaró que nunca vio armamento en el gremio pese a que siempre lo había recorrido.
Finalmente, el abogado querellante pidió las siguientes penas:
Para Rubén Codina y Víctor Lobos: 10 años de prisión, accesorias y costas e inhabilitación por el doble de la condena por el delito de privación ilegítima de la libertada en dos hechos.
Para Sixto Navarrete y Elfio Navarrete: 12 años de prisión, accesorias y costas inhabilitación especial por el doble de la condena.
Para Raúl Lucio Pedernera: 10 años de prisión, accesorias y costas e inhabilitación por el doble de la condena.
Para Néstor Rubén Castelli: 6 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de la condena.
Para Alberto Marasco: 6 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de la condena.
Pedidos Del fiscal
El fiscal del Tribunal Oral Federal constituido en Viedma, Marcelo Grosso, pidió hoy penas de hasta 11 años para los ex jefes policiales y militares juzgados por la privación ilegítima de la libertad y torturas contra dos dirigentes gremiales de la localidad de Sierra Grande, hechos ocurridos en abril de 1976.
El representante del ministerio público fiscal pidió 11 años de cárcel para los ex suboficiales policiales Sixto y Elfio Navarrete, padre e hijo, de 81 y 54 años respectivamente por su participación en el allanamiento, detención y malos tratos de los gremialistas Daniel Avalos y Carlos Lima.
Para los comisarios retirados Víctor Lobos, de 74, ex jefe de la comisaría de Sierra Grande, y Rubén Codina, de 70, ex subjefe de la misma unidad policial, pidió 10 años de prisión, por los mismos delitos, con menor calificación.
En el caso del coronel retirado Raúl Lucio Pedernera, de 84 años, que fue jefe de la policía rionegrina en aquellos tiempos, solicitó la pena de 9 años.
En tanto pidió condenas de 5 años para el interventor militar en la provincia, coronel retirado Néstor Castelli, de 80 años; y el comisario retirado Alberto Marasco, ex director de la escuela de policía en cuyo sótano estuvo detenido Avalos.
En todos los casos fiscalía y querella consideran probados la privación ilegítima de la libertad, agravada por torturas, considerados delitos de lesa humanidad no prescriptibles.
El tribunal, compuesto por los jueces Armando Márquez, Norberto Ferrando y Orlando Coscia, resolvió pasar a cuarto intermedio hasta las 9 de mañana, cuando está previsto escuchar los alegatos de los defensores.
Fuente: http://www.adnrionegro.com.ar
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