14:38
Silvia
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| Senadora Odarda |
Es indudable que el Poder Ejecutivo Nacional ha tenido una actitud discriminatoria con las provincias norpatagonicas toda vez que se ha convocado solo a 13 provincias para el Acuerdo de refinanciación de la deuda pública que tienen éstas con las arcas nacionales. Con esta actitud todo el pueblo rionegrino ha sido discriminado y se verá perjudicado.
La diferencia marcada por el gobierno nacional atenta contra el principio de igualdad ante la ley y el derecho a regularizar la deuda pública provincial que tenemos todos los habitantes de esta provincia. En primer término, esta exclusión es una forma de disciplinar a los gobernadores provinciales generándoles mayor dependencia del gobierno central, actitud que atenta contra un verdadero federalismo y que no nos es ajena a los rionegrinos. Recordemos que Nación adeuda a Río Negro montos históricos importantes en coparticipación y fondos retenidos indebidamente durante varios años que los gobernadores provinciales rionegrinos no han sabido reclamar con suficiente fuerza.
Idéntica situación padecen otras provincias. En los últimos años, solo por el impuesto al cheque liquidado en forma insuficiente para las provincias, el 15% que va al ANSES (y que debería volver a las provincias), los ATN retenidos, la cuenta llega a $420.000 millones, que solo en esos ítems corresponden a las provincias en total.
Aplicándole el coeficiente de 2,4% de coparticipación secundaria que le corresponde a Río Negro, el monto equivale nada menos que a 10.000 millones en diez años, que fueron retenidos por Nación en detrimento de las arcas provinciales. Es decir, el equivalente a un poco menos de un presupuesto anual.
Esto habla de aproximadamente 1000 millones anuales que Río Negro viene perdiendo desde hace más de diez años, como mínimo.
La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos establece que el monto a distribuir a las provincias nunca puede ser inferior al 34% del total de la recaudación de tributos nacionales del Gobierno Nacional, tengan o no el carácter de coparticipables por esa ley. Ya en el 2008, la coparticipación no alcanzaba al 24,54. Es decir, nos quitan 10 puntos de coparticipación como mínimo a los Estados Provinciales.
En segundo lugar, la lectura de esta exclusión podría relacionarse con la postura disidente frente al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos impulsada por YPF y el gobierno nacional. El nuevo esquema que plantea el Poder Ejecutivo es antifederal, quita soberanía a las provincias y plantea la sumisión a la nación. Además, el rechazo a la nueva Ley se fundamenta en el avance hacia las explotaciones de hidrocarburos no convencionales, lo cual implica el uso del fracking o fractura hidráulica como metodología extractiva. Esta es altamente cuestionada por las organizaciones sociales, asambleas y pueblos enteros de nuestro país, en los que se aprobaron y se siguen promoviendo ordenanzas que prohíben esta actividad.
Es sabido que estos métodos ocasionan la contaminación química del agua, suelo y aire, además de la posibilidad de riesgos sísmicos. Tal como sucede en Allen, esta actividad provoca la oposición de vecinos y organizaciones que ven con desesperación que una zona productiva de gran riqueza con sistema de riego, puede convertirse en una zona “sacrificable” desde el punto de vista ambiental y social.
En general, es posible observar que el gobierno nacional parece seguir fortaleciendo el centralismo y el antifederalismo, imponiendo esquemas que concentran poder y resultan muy perjudiciales para el futuro económico de las provincias, y en consecuencia para la vida de todos los ciudadanos.
Viedma, 24 de agosto de 2014.
La diferencia marcada por el gobierno nacional atenta contra el principio de igualdad ante la ley y el derecho a regularizar la deuda pública provincial que tenemos todos los habitantes de esta provincia. En primer término, esta exclusión es una forma de disciplinar a los gobernadores provinciales generándoles mayor dependencia del gobierno central, actitud que atenta contra un verdadero federalismo y que no nos es ajena a los rionegrinos. Recordemos que Nación adeuda a Río Negro montos históricos importantes en coparticipación y fondos retenidos indebidamente durante varios años que los gobernadores provinciales rionegrinos no han sabido reclamar con suficiente fuerza.
Idéntica situación padecen otras provincias. En los últimos años, solo por el impuesto al cheque liquidado en forma insuficiente para las provincias, el 15% que va al ANSES (y que debería volver a las provincias), los ATN retenidos, la cuenta llega a $420.000 millones, que solo en esos ítems corresponden a las provincias en total.
Aplicándole el coeficiente de 2,4% de coparticipación secundaria que le corresponde a Río Negro, el monto equivale nada menos que a 10.000 millones en diez años, que fueron retenidos por Nación en detrimento de las arcas provinciales. Es decir, el equivalente a un poco menos de un presupuesto anual.
Esto habla de aproximadamente 1000 millones anuales que Río Negro viene perdiendo desde hace más de diez años, como mínimo.
La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos establece que el monto a distribuir a las provincias nunca puede ser inferior al 34% del total de la recaudación de tributos nacionales del Gobierno Nacional, tengan o no el carácter de coparticipables por esa ley. Ya en el 2008, la coparticipación no alcanzaba al 24,54. Es decir, nos quitan 10 puntos de coparticipación como mínimo a los Estados Provinciales.
En segundo lugar, la lectura de esta exclusión podría relacionarse con la postura disidente frente al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos impulsada por YPF y el gobierno nacional. El nuevo esquema que plantea el Poder Ejecutivo es antifederal, quita soberanía a las provincias y plantea la sumisión a la nación. Además, el rechazo a la nueva Ley se fundamenta en el avance hacia las explotaciones de hidrocarburos no convencionales, lo cual implica el uso del fracking o fractura hidráulica como metodología extractiva. Esta es altamente cuestionada por las organizaciones sociales, asambleas y pueblos enteros de nuestro país, en los que se aprobaron y se siguen promoviendo ordenanzas que prohíben esta actividad.
Es sabido que estos métodos ocasionan la contaminación química del agua, suelo y aire, además de la posibilidad de riesgos sísmicos. Tal como sucede en Allen, esta actividad provoca la oposición de vecinos y organizaciones que ven con desesperación que una zona productiva de gran riqueza con sistema de riego, puede convertirse en una zona “sacrificable” desde el punto de vista ambiental y social.
En general, es posible observar que el gobierno nacional parece seguir fortaleciendo el centralismo y el antifederalismo, imponiendo esquemas que concentran poder y resultan muy perjudiciales para el futuro económico de las provincias, y en consecuencia para la vida de todos los ciudadanos.
Viedma, 24 de agosto de 2014.
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